Uno de los lineamientos de la política económica durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas era la transformación de una economía regida por las exportaciones y basada en los recursos naturales en otra basada en la industria, que provea al mercado nacional doméstico. Uno de los argumentos conocidos era que, en vista de debilidad de los grupos industriales nacionales en los países subdesarrollados, el estado mismo tendría que llevar a cabo esa tarea. Sobre esa base, se ejecutaron una serie de estatizaciones y expropiaciones de industrias, que afectaron el desarrollo y desempeño económico del país durante la década del 70.
Bibliografía:
KLAREN, Peter (2004) Nación y sociedad en la historia del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
MCCLINTOCK, Cynthia y otros (1985) El Gobierno Militar: Una experiencia peruana 1968 – 1980. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
THORP, Rosemary y BERTRAM, Geoffrey (1988) Crecimiento y políticas en una economía abierta. Lima: Mosca Azul Editores - Segunda Edición
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“Una idea central del pensamiento de Velasco era que la debilidad de la producción de exportación y la falta general de dinamismo de la economía durante la década del sesenta podrían ser remediadas mediante el control nacional del excedente económico”. (Thorp 1988:463)
Bajo el régimen militar del general Velasco Alvarado se dieron una serie de reformas dirigidas a lograr una transformación estructural de la economía y la sociedad peruana, con el fin de colocar al país en una posición más nacionalista e independiente y reducir la dependencia del extranjero.
Estas reformas habían sido propuestas y hasta incluidas en la legislación por los gobiernos desde principios de los años sesenta, pero la diferencia fue la inusitada determinación con que las aplicó el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Debido a la expropiación de la IPC con el consiguiente control total de la explotación y refinación del petróleo en manos del gobierno, la reforma agraria incluyendo la expropiación de los complejos azucareros del norte, la ley de minería y el monopolio en la minería de exportación por parte de Minero Perú, la reforma industrial con la creación de las comunidades industriales y la ley de pesquería que dispuso la eliminación del capital extranjero en el rubro, el aparato estatal creció aún más con expropiaciones ad-hoc de grandes firmas foráneas como el Chase Manhattan Bank, la Peruvian Corporation y la refinería de Conchán, la Cerro de Pasco Corporation y la Marcona Mining Company, entre las principales.
“A mediados de los años setenta, el Estado desempeñó el papel que mantenía anteriormente el capital extranjero en la minería, el petróleo, la electricidad y los ferrocarriles; además tomó a su cargo la mayor parte del sistema bancario, casi toda la comercialización de exportaciones y el sector pesquero en su totalidad y realizó una serie de reformas destinadas a beneficiar a los empleados de las empresas del sector moderno de la economía”. (Thorp 1988:459)
“El segundo cambio fundamental fue el crecimiento del estado, que por primera vez asumió un papel cardinal en la economía (…). Por ejemplo, al finalizar el gobierno de Belaúnde en 1968, las tres cuartas partes de la minería, la mitad de las manufacturas, las dos terceras partes de la banca comercial y un tercio de la industria pesquera estaban bajo el control extranjero directo (…). El gobierno de Velasco revirtió ese patrón, duplicando la participación del sector estatal en el PBI al treinta y uno por ciento. Aparecieron nuevas empresas estatales (…). Estas empresas daban cuenta de más de la mitad de la producción minera, las dos terceras partes del sistema bancario, una quinta parte de la producción industrial y la mitad de la inversión total en la economía”. (Klaren:416)
Fuente: Thorp:462
Fuente: Thorp:473
En 1970, luego de haber realizado las reformas estructurales, el gobierno esperaba un rápido crecimiento de la inversión y, como consecuencia, un aumento en la tasa de crecimiento. La reactivación debía partir de dos fuentes principales: las empresas extranjeras del sector minero a las que el gobierno presionaba para que exploten los yacimientos no explotados y la liberación de los empresarios locales de la influencia “oligárquica”. Sin embargo, ninguno de estos grupos actuó de acuerdo a lo planeado.
Las empresas extranjeras mineras no explotaron los yacimientos vírgenes, a pesar de las amenazas del gobierno y, en 1970, Velasco los expropió. Estaba claro que las empresas extranjeras no estaban dispuestas a comprometer su capital bajo las condiciones establecidas por los militares. Seguidamente, bajo la ley de minería creó Mineroperú, para hacerse cargo de la explotación de los yacimientos no aprovechados.
Asimismo, el gobierno había intentado recuperarse de la recesión económica mitigando las restricciones crediticias e incentivando la inversión industrial. Esa fue la prueba crucial de la suposición de Velasco de que un ataque contra el gran capital extranjero y local abriría el camino a un nuevo grupo de empresas nacionales dinámicas de mediana escala. Para inquietud del gobierno, el resultado fue negativo. Intentó poner en manos locales la banca y el resultado fue que el gobierno mismo se viera obligado a expropiar gran parte del sistema bancario. La inversión en agricultura siguió siendo escasa, por la incertidumbre creada por la reforma agraria y, salvo algunas excepciones, la inversión minera local no pudo resurgir.
“Frente a esta abstención por parte del capital privado, el gobierno tuvo que tomar el rol de inversionista principal en la economía. De la meta original de una economía mixta con un fuerte sector privado, la economía peruana había pasado rápidamente hacia el capitalismo del Estado”. (Thorp 1988:472)
La financiación de esta inversión pública fue muy difícil. Las dos grandes fuentes de fondos eran los ahorros del sector privado y las ganancias de las compañías expropiadas por el Estado. Pero, esto último fue una gran decepción, ya que la mayoría de estas empresas nacionalizadas producían enormes pérdidas o habían sido descapitalizadas por sus matrices extranjeras antes de su expropiación. Esto convirtió al ahorro privado en la única fuente interna de financiamiento de las inversiones públicas.
La continua alza de la inversión estatal entre 1974-1976 fue casi íntegramente financiada por préstamos solicitados al extranjero. La deuda externa pública aumentó a US$ 945 millones en 1970, a US$ 2,170 millones en 1974 y a US$ 4,127 millones a fines de 1976.
Fuente: Thorp:476
Sin embargo, a principios de 1975, los bancos internacionales invirtieron sus políticas de préstamos fáciles y el alcance de la crisis económica del Perú se tornó más evidente.
Sin embargo, a principios de 1975, los bancos internacionales invirtieron sus políticas de préstamos fáciles y el alcance de la crisis económica del Perú se tornó más evidente.
Conforme aumentaba el servicio de la deuda y a medida que la exportación se mantenía en crisis, el gobierno militar se encontró con los mismos problemas que atormentaban al gobierno de Belaúnde al cual derrocaron.
Bibliografía:
KLAREN, Peter (2004) Nación y sociedad en la historia del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
MCCLINTOCK, Cynthia y otros (1985) El Gobierno Militar: Una experiencia peruana 1968 – 1980. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
THORP, Rosemary y BERTRAM, Geoffrey (1988) Crecimiento y políticas en una economía abierta. Lima: Mosca Azul Editores - Segunda Edición
Páginas Web:
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (2006) Consecuencias económicas de la “revolución” de Velasco (consulta: 25 de setiembre del 2010)
http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/revolucion20velasco.pdf
Video:
Sobre el déficit presupuestario en los tiempos de Velasco
http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2009/07/revolucion20velasco.pdf
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